LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO ANIMAL EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL

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LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO ANIMAL EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL.

INTRODUCCION

Los animales siempre han estado con nosotros. Desde los primeros albores de la Humanidad, la presencia de los animales es una constante, no solo como dato fáctico, sino, principalmente por su relación con los seres humanos. Una relación nunca rota, cambiante y definitivamente llena de interés.

El Derecho, hasta hace relativamente poco tiempo, ha guardado sobre los animales una actitud de reserva cuando no de silencio absoluto. Hoy en día la relación de los Animales y el Derecho se ha ido estrechando. Las posiciones jurídicas sobre los animales están empezando a cambiar, aunque de fondo subsiste la categorización de los animales como “cosas” en propiedad y el rechazo de repensar la aplicación del término “persona” a los propios animales. Por otro lado, el término “persona” se aplica desde hace siglos a entes que nada tienen que ver con un ser humano y sí con patrimonios, actividades, funciones… (personas jurídicas, herencias yacentes, etc.).

El bienestar animal viene siendo objeto de preocupación cada vez mayor, de tal modo, la sociedad demanda cada día un mayor respeto a los llamados “derechos de los animales”. Cada vez se demanda no sólo que los animales domésticos reciban un trato digno y que se erradiquen los abandonos y malos tratos, sino que los animales reciban un trato adecuado a su condición de seres vivos sensibles y que la concepción misma del animal como objeto del Derecho alcance mayor coherencia jurídica.

PROTECCION ANIMAL EN EL SISTEMA LEGAL ESPAÑOL

El sistema legal español proscribe el maltrato y el abandono de animales tanto penal como administrativamente. Además del Derecho Penal, de aplicación en todo el territorio nacional, en todas las Comunidades Autónomas sus respectivos parlamentos, dentro de sus competencias, han legislado leyes administrativas de protección y de derechos de los animales, que regulan con mayor detalle todas aquellas conductas que tengan que ver con el respeto y la tenencia responsable de animales. De este modo, nos encontramos con tantas legislaciones de protección animal como Comunidades Autónomas tiene el país,

y esta diversidad geográfica también se traduce en diferentes grados de protección, ya que no todas son igual de garantistas.

La mayoría de estas leyes autonómicas dejan fuera de su articulado a la fauna salvaje que viva en su hábitat natural en libertad y a los animales con los que se experimenta en los laboratorios, que son regulados por su legislación específica. También establecen como excepción a su aplicación a los festejos taurinos y algunas fiestas tradicionales que usan animales.

Estas leyes autonómicas ofrecen en su articulado el catálogo de infracciones y sus respectivas sanciones administrativas, siendo en todo caso una herramienta muy útil para perseguir a los maltratadores, ya que las sanciones económicas que llevan aparejadas son muy cuantiosas, muchísimo más que si el hecho se persigue por la vía penal. Además, en España la vía penal no se ha traducido nunca hasta la fecha en ningún ingreso en prisión de un condenado por un delito de maltrato animal, siendo por tanto, de facto, una mera condena de prisión más simbólica que real, aunque venga recogida en una sentencia judicial con el consiguiente reproche social que conlleva.

REGULACION EN EL CODIGO PENAL ANTERIOR A LA LO 1/2015 DE 30 DE MARZO

Entrando en el campo concreto de la regulación del Maltrato animal en nuestra legislación penal, cabe destacar que en la regulación que se efectuaba en el Código Penal con anterioridad a la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, había un solo tipo penal de maltrato a animales domésticos o amansados, configurado como un delito de resultado en el artículo 337 del Código Penal anterior, es decir, como un delito contra la salud o la vida del animal, y como un delito común, comisible por cualquiera por acción, y en caso de omisión, por el garante, poseedor o cuidador del animal.

Además el artículo 632.2 tipificaba una falta de maltrato animal, abandono de animales domésticos, que se aplicaba generalmente siempre que no mediase la muerte del animal o si las lesiones o enfermedades que presentasen no fueran consideradas como graves. La pena era de multa de 20 a 60 días o trabajos en beneficio de la comunidad de 20 a 30 días; sin embargo cabe destacar en relación a los trabajos en beneficio de la comunidad que hasta la fecha no existen en España programas destinados a trabajar psico-socialmente la violencia ejercida contra los animales de los que se sirva la Administración de Justicia.

El abandono tal y como estaba regulado constituía una conducta de riesgo al dejar el animal desamparado, indefenso, en condiciones en que podía peligrar su vida o integridad física, con independencia del resultado derivado del abandono. Podría concurrir la falta de abandono con la consumación del tipo previsto por el artículo 337 del Código Penal.

En el sentido expuesto lo entendió la Audiencia Provincial de Segovia en Sentencia de fecha 5 de marzo de 2007, que interpreta que “el abandono puede entenderse tanto desde el punto de vista activo como omisivo, bastando con que la conducta cause desamparo al animal… el abandono se puede producir tanto porque se deje al animal o porque se le coloque en situación de desamparo, tanto por la acción directa de expulsarle como por la omisiva de no acogerle; puesto que la obligación moral y legal de todo responsable del animal doméstico (que depende del humano para subsistir) es cuidar del mismo”.

Y es que la mayoría de los casos de maltrato animal son casos en que las enfermedades y lesiones que sufre el animal encajan en la comisión por omisión, al producirse una notable dejación de las obligaciones inherentes a la tenencia responsable de un animal, que con lleva el deber de alimentarlo de forma suficiente y adecuada a su especie, suministro de agua, ofrecerle el debido descanso y cobijo frente al frío o el calor, no privarle de la libertad de movimiento y facilitarle la realización del ejercicio físico adecuado, así como asistencia veterinaria.

El mayor problema práctico de la comisión por omisión es que si se carece de un informe veterinario que acredite y valore la gravedad e importancia de las lesiones y su relación de causa-efecto, la valoración de la gravedad o levedad quedará en manos de los agentes actuantes que carecen de conocimientos veterinarios y los atestados, en caso de que lleguen a sede judicial, serían calificados como falta del artículo 632.2 del Código Penal en su anterior redacción, que no en el actual.

Existía otra falta, la del artículo 631.1 del Código Penal, referida a la debida custodia y vigilancia del animal por parte de su responsable, que dejaba al animal en situación de causar daños a las personas u otros animales, y se sancionaba con pena de multa de 1 a 2 meses. En la actualidad esta conducta se ha extraído del ámbito jurídico penal y ha pasado a ser una infracción leve de las catalogadas por la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que establece una sanción de multa de 100 a 600 euros.

LA NUEVA REGULACION INTRODUCIDA POR LA LO 1/2015 DE 30 DE MARZO

Como señala el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre de Código Penal, cuya entrada en vigor se produjo el día 1 de julio de 2015, el transcurso del tiempo y las nuevas demandas sociales evidencian la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones de nuestra norma penal. Para ello, se revisa el sistema de penas y su aplicación, se adoptan mejoras técnicas al objeto de ofrecer un sistema penal más ágil y coherente, además de introducir nuevas figuras delictivas, se adecúan los tipos penales ya existentes. Con el ánimo de ofrecer una respuesta adecuada a las nuevas formas de delincuencia, se suprimen aquellas otras infracciones que por su escasa gravedad no merece cierto reproche penal y se transforman en delito aquellas cuyo contenido de injusto es mayor del que se establecía hasta ahora. En estos casos se encuentra la consideración de los animales, sobre los cuales se ha incrementado la protección, pues lejos quedan ya los tiempos en los que el animal se consideraba absolutamente una cosa y no se paraba de calificar su maltrato como un mero delito de daños, circunstancia por la cual se comienzan a tratar con mucho más rigor desde el ordenamiento punitivo.

La reforma del maltrato animal ha sido muy amplia. Según se dice en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de fecha 14 de octubre de 2015 “la reforma aprovecha en este punto para reforzar la protección de los animales mediante una definición de los que son objeto del delito que incrementa la seguridad en la aplicación de la norma y una revisión de las conductas publicas incluyendo la explotación sexual de animales y de las sanciones aplicables a los mismos”.

Dicha reforma se he establecido fundamentalmente en el art. 337 de Código Penal que queda diseñando con un tipo básico (nº 1), unas circunstancias agravantes de éste (nº 2), un subtipo cualificado (nº 3) y un subtipo atenuado (nº 4); por otro lado, se incorpora un nuevo delito de abandono de animales en el art. 337 bis que con anterioridad a esta reforma tan solo constituía una falta.

Seguidamente se van a enunciar los mencionados tipos penales:

Artículo 337.- Delito de maltrato animal

En su número 1 sanciona al que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menos caben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual a los animales que pasa a enumerar en la siguiente forma:

a) Un animal doméstico o amansado

b) Un animal de los que habitualmente están domesticados

c) Un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano o

d) Cualquier animal que no viva es estado salvaje.

Y sanciona estas conductas con la pena de 3 meses y 1 día a 1 año de prisión e inhabilitación especial de 1 año y 1 día a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Se viene a producir una ampliación en el listado de animales protegidos frente al maltrato, evitando lo que hasta entonces venía sucediendo en la práctica al darse interpretaciones judiciales discrepantes sobre qué animales estaban o no protegidos por el ius puniendi, y que daban lugar a sentencias absolutorias por interpretar que la domesticación lleva aparejada la cohabitación. En la actualidad queda solventado el debate dado que se ampara a los animales de compañía, animales que habitualmente están domesticados, otros que son domésticos que viven temporal o permanentemente bajo control humano y cualquier otro animal que no viva en estado salvaje.

Igualmente, se mantiene la conducta consistente en el maltrato por acción u omisión que produzca dolor o sufrimiento considerables, o se produzcan lesiones físicas o psíquicas que perjudiquen gravemente la salud del animal. Se establece como un delito de resultado exigiéndose la causación directa del menoscabo grave de la salud.

Además, se incorpora como novedad la conducta consistente en someter al animal a explotación sexual. La acción consiste en utilizar al animal con fines sexuales aunque está por determinar el alcance de esta expresión al referirla a animales y si, como sucede en su aplicación a humanos, implica el elemento del ánimo de lucro. En este caso se establece como un delito de mera actividad; no se exige un resultado, la mera acción consuma el delito.

El número 2 del mismo artículo contiene circunstancias agravantes, al imponerse las sanciones previstas en el número anterior en su mitad superior cuando concurra alguna de las circunstancias que pasa a exponer, y que son:

a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal.

b) Hubiera mediado ensañamiento.

c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal.

d) Los hechos se hubieren ejecutado en presencia de un menor de edad.

El número 3 incorpora un subtipo cualificado, si se hubiera causado la muerte del animal, imponiendo la pena de 6 a 18 meses de prisión e inhabilitación especial de 2 a 4 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

La reforma viene a resolver la duda que anteriormente se planteaba en estos casos y que se refleja en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de fecha 10 de diciembre de 2015, conforme a la cual “…la única cuestión a plantear sería si la causación de la muerte en la forma que se recoge en la Sentencia puede considerarse maltrato o no y esta es resuelta en la Sentencia con un argumento que esta Sala debe asumir y que es el de que disparar después de inmovilizar al animal atándole a un árbol, debe considerarse como una muerte angustiosa capaz de integrar el concepto de maltrato al que se refiere el precepto penal”. La Sentencia mencionada resolvía Recurso de Apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Zamora en fecha 20 de mayo de 2015, por la cual se condenaba a un individuo como autor de delito de maltrato animal del artículo 337 del Código Penal, consistente en matar a diversos perros a tiros sin constar enfermedad o se hubiere prescrito veterinariamente su muerte.

Finalmente, el número 4 configura un subtipo atenuado, sancionando a los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores del mismo artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, siendo castigados con una pena de multa de 1 a 6 meses. Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial de 3 meses a 1 año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

En relación a los espectáculos no autorizados, cabe señalar que ya la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de fecha 23 de diciembre de 2015, establece que “… la conducta declarada probada ha sido objeto de prohibición en el artículo 6 del Decreto Legislativo 2/2008, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales de Catalunya, siendo en consecuencia evidente que el espectáculo no podía contar con autorización legal. Se trataba el supuesto de un recurso de apelación contra una Sentencia del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Falset de fecha 18 de septiembre de 2015, por la cual se condenaba a varias personas por falta de maltrato animal del artículo 632.2 de entonces vigente Código Penal, consistente en organizar peleas de gallos

Artículo 337 bis.- Delito de abandono de animal

Establece este artículo que el que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de 1 a 6 meses. Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial de 3

meses a 1 año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Se configura por primera vez en España el abandono de un animal como delito, en las circunstancias que el precepto establece. Sin embargo, resulta llamativo que al mismo tiempo que el abandono se tipifica como delito pasa a ser una infracción leve cuando el abandono ponga en peligro la vida del animal, tal y como se dispone por el artículo 37.16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana, imponiendo una sanción de multa de 100 a 600 euros.

CONCLUSIONES

La reforma del delito de maltrato animal era absolutamente necesaria. Nos encontramos con un panorama en el que se estaban dando “palos de ciego” a la hora de las modificaciones legislativas y no ha sido hasta esta última reforma, criticada desde una visión amplia del resto de preceptos del texto punitivo, donde podemos calificar de “muy decentes” las reformas y novedades que se incluyen en el ámbito de los animales domésticos, ahora bien, no debemos echar las campanas al vuelo, esto debe considerado como un punto y seguido en el devenir de la normativa penal de los animales, aún queda mucho camino por recorrer. Quizá más luces que sombras, claros en virtud de la introducción de ciertos aspectos como dejar un tipo básico con una mayor pena y establecer unos subtipos agravados donde se equipara al delito de lesiones humanas pues establece ciertos parámetros similares, amén de la introducción novedosa, gracias a la labor siempre encomiable del Observatorio de Justicia y Defensa Animal, de la conducta de la explotación sexual. Ésta circunstancia era indispensable ya que la mayoría de países de nuestro entorno, así como aquellos que están más avanzados en materia de Derecho Animal, contienen previsiones legales que proscriben toda clase de abusos sexuales a los animales, refiriéndose también a toda acción que suponga la utilización de los animales con fines sexuales. Prueba de ello fueron los asuntos tanto de la perrita Regina, brutalmente violada y asesinada en Carcaixent (Valencia), a la perrita Estrella una cachorra de 6 meses a quien violaba un individuo de 65 años que fue condenado al pago de 120 euros, o los múltiples caballos que pasaron por las manos del conocido como “violador de caballos de El Ejido” (Almería), quien agredió compulsiva y sexualmente a diversos animales hasta que un Juez le condenó a ser expulsado del país.

Muy valorable es también del objeto material del ilícito por cuanto se amplía el concepto de animal doméstico, si bien todo ello gira alrededor de una idea antropocentrista del asunto que sigue encontrándose acorde con la valoración del bien jurídico protegido en el ámbito del Derecho penal: la satisfacción del intereses humanos; sin embargo, es un paso hacia adelante para que en un futuro, sino a corto, medio o largo plazo, los animales se puedan convertir en sujetos absolutos de derechos. Bajo ese prisma, también debe ser

valorado positivamente el incremento de las penas, aunque es cierto que al no ser el perfil del maltratador de animales como un delincuente habitual, no es fácil que con las penas establecidas, el infractor del ilícito vaya directamente a prisión, sino que, acertadamente, el legislador ha incluido una medida como es la participación en programas de protección de los animales, propia para garantizar la suspensión de la condena impuesta, como advierte el art. 83.1.6 del Código Penal, tal y como ya se venía haciendo en los casos de violencia doméstica y de género, a los cuales, según muestra la abundante casuística, acompañan como otra vertiente del maltrato a las personas, a través del daño psicológico que se le inflige a las víctimas al ver a sus animales maltratados como prolongación de sus personas, y con la finalidad de producir un mayor temor y vulnerabilidad.

En definitiva, nos encontramos ante una reforma, en materia de animales, positiva y que no deja de ser una puerta a la esperanza para, muy pronto, encontrar la mejor versión del legislador en dicha temática, un Derecho Penal de los animales de futuro que pasa, fundamentalmente, por encontrar el camino de entender al animal como un sujeto propio de derechos o, al menos, establecer un estatus propio que lo identifique como ser vivo con ciertos derechos, y no como meros objetos de tenencia, disfrute, y aprovechamiento por parte de los seres humanos.