DERECHO DE DEFENSA Y PRESUNCION DE INOCENCIA

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DERECHO DE DEFENSA Y PRESUNCION DE INOCENCIA

1.- DERECHO DE DEFENSA Y DERECHO DE INFORMACION

El aforismo que mejor describe los efectos del derecho a la defensa es el que afirma que “nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio”, que lleva implícita la necesidad de que todo acusado sea informado de los hechos que se le atribuyen y que pueda desplegar frente a ellos las pruebas y alegaciones defensivas oportunas.

Este derecho a la defensa y a la asistencia letrada viene recogido en convenios internacionales ratificados por España:

Declaración Universal de los Derechos Humanos: La Declaración regula el derecho a la defensa en sus artículos 10 y 11.1

Artículo 10: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”

Artículo 11.1:“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma de 4 de noviembre de 1950, en vigor en España desde el 4 de octubre de 1979, en su artículo 6.3 c), dispone que todo acusado tiene, como mínimo, el derecho a “defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un Abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan”.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966, ratificado por instrumento de 27 de abril de 1977, dispone en su artículo 14.3.b) que toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a “disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección y a defenderse personalmente o a ser asistida por un defensor de su elección: a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si carece de medios suficientes para pagarlo”.

La propia Constitución Española consagra en su artículo 24 el derecho de los ciudadanos a la defensa y a la asistencia letrada sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, y a su vez en el artículo 17.3 garantiza el derecho a “la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”.

El derecho a la defensa letrada aparece desde el origen de las actuaciones de cualquier procedimiento, y así el artículo 118 de la LECrim. establece que toda persona a quien se le impute un acto punible, podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya

sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho.

Como podemos comprobar, el derecho de defensa es uno de los derechos más importantes de los que se integran en la legislación de cualquier Estado democrático, pues opera, precisamente, como un corolario necesario para respetar la tutela judicial efectiva, como garantía del proceso debido a todo acusado o imputado.

La preceptiva asistencia letrada de toda persona contra la que es dirigido un proceso penal constituye una garantía para la efectividad del derecho de defensa que le asiste. Esta asistencia letrada viene impuesta desde el momento mismo de la detención policial, o, en caso de que hubiere sido anterior, desde la formulación de una imputación en su contra. Al tratarse de una asistencia preceptiva, de no ser designada voluntariamente por el sometido a proceso deberá serle asignada de oficio. En caso de renuncia del letrado designado, el sujeto deberá ser requerido para efectuar nueva designa, con el apercibimiento de que en caso contrario le será asignada defensa de oficio.

Los abogados, en el ejercicio de nuestra profesión tenemos encomendada una de las responsabilidades de mayor relevancia para todas las personas que se encuentren en esa delicada situación procesal, es decir, representarlas y asistirlas para poder demostrar su inocencia, dentro de un proceso llevado a cabo con todas las garantías que la Constitución recoge y utilizando los medios de prueba pertinentes para su defensa.

Es preciso subrayar que ni la imputación ni la detención implican la culpabilidad de la persona, ni desvirtúan la presunción de inocencia que la Constitución española garantiza, como otra vertiente añadida para la correcta aplicación del derecho constitucional a la defensa.

Por tanto, la intervención del abogado en un procedimiento judicial no es sólo el ejercicio de su profesión, la cual según su propio Estatuto, debe ejercerla de manera libre e independiente, sino la manifestación de un derecho de rango constitucional: el Derecho de Defensa.

El derecho a articular una defensa efectiva tiene, desde la perspectiva del imputado o acusado, una doble vertiente, por un lado, le reconoce la facultad de proponer pruebas propias e intervenir en las que proponga la parte contraria, y por otro, la de formular alegaciones en defensa de sus intereses y contra alegar las de la acusación.

El derecho de defensa en el proceso penal incluye la facultad de proponer prueba propia y también la de intervenir contrainterrogando en la propuesta por la parte contraria. Esta segunda manifestación es también una exigencia de la contradicción de las pruebas, que constituye a su vez una garantía del proceso.

La facultad de proponer pruebas defensivas surge ya en sede de investigación, pues el conocimiento que se exige dar al imputado de los hechos que se le atribuyen lo es a los fines de que pueda proponer frente a ellos diligencias.

Pero para poder ejercer el derecho de defensa debe poder tenerse conocimiento de la acusación de la que se es objeto en el proceso penal. De ahí que el derecho a la información de la acusación debe realizarse no solo en relación a los términos de la

acusación formal propiamente dicha, sino antes, ya desde el momento de la incoación de un proceso en el caso de aparecer elementos de incriminación frente a una persona concreta e identificada, debiendo desde ese momento serle notificada al imputado a los fines de su conocimiento, de tal forma que solo en la eventualidad en que las primeras diligencias sean declaradas secretas podrá ser evitada la puesta en conocimiento de la persona investigada (lo que ocurrirá frecuentemente cuando se trate de diligencias de investigación que pudieran perjudicarse de ser conocidas, p.ej.intervenciones telefónicas).

Así pues, desde que resulten elementos de imputación formal deberá serle trasladada la misma al imputado, como presupuesto inescindible de una defensa efectiva y también como requisito formal para la válida clausura de la instrucción si desde ella se pretende acomodar el proceso a su fase intermedia y posibilitar una eventual acusación formal contra el imputado. Esa imputación formal estará referida a hechos concretos y determinados, no condicionará por tanto la calificación jurídica que de esos mismos hechos puedan realizar las acusaciones, pero éstas no podrán incluir en sus respectivos escritos de acusación hechos distintos a los que han sido objeto de imputación. Si alguna de las acusaciones pretendiese atribuir hechos distintos a los comprendidos en la imputación formal realizada, habría de instar nueva información ampliatoria de la imputación, si estuviere en tiempo hábil para ello. En otro caso sólo le quedará instar un nuevo proceso.

La formalización de la acusación, para satisfacer el derecho a la información en circunstancias que posibiliten una defensa efectiva, deberá contener un relato de hechos que, además de no apartarse de los que fueron objeto de imputación, se produzcan en términos suficientemente concretos como para posibilitar la defensa contradictoria. No es admisible, por tanto, ni la acusación implícita, ni la tácita, ni la que venga redactada en términos absolutamente vagos o indeterminados.

Ni que decir tiene que el escrito de acusación deberá ser conocido por el acusado en tiempo que le permita articular frente al mismo una defensa efectiva.

2.- LA PRESUNCION DE INOCENCIA.

Íntimamente relacionada con el derecho de defensa aparece la presunción de inocencia, que es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona podrá aplicarse una pena o sanción. Es, en definitiva, la idea de que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Se puede decir que la presunción de inocencia es el derecho de todo imputado en un proceso penal a ser tratado como si fuese inocente, hasta que una sentencia firme establezca su condena; constituyendo uno de los pilares básicos del sistema penal de los Estados democráticos, habiéndose recogido en distintos instrumentos internacionales. El criterio del mantenimiento de la presunción de inocencia hasta que se prueba la culpabilidad más allá de toda duda razonable (beyond a reasonable doubt) está muy arraigado en el Derecho anglosajón, y constituye uno de los principios básicos del sistema

procesal norteamericano, ligado al derecho constitucional a un proceso debido (due process of law).

El principio de presunción de inocencia, como ya se ha dicho, es básico en el ámbito del Derecho Penal y doctrinalmente está atribuido a Beccaria. Esta presunción de inocencia está reconocida en los distintos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos: en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948), cuyo artículo 11.1 establece que: “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad’; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), cuyo artículo 14.2 dispone que: “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”; en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), cuyo artículo 6.2 proclama que: “toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente establecida”; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), cuyo artículo 8.2 establece que: “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad’; en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul, 1981), en cuyo artículo 7 b) se reconoce “el derecho [de toda persona} a que se presuma su inocencia hasta que se pruebe su culpabilidad por una corte o tribunal competente”.

Así mismo, este principio se encuentra expresamente recogido en la Constitución española. Recordemos que su artículo 24.2 dispone que: “asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”; además ha sido ampliamente construido por la jurisprudencia, especialmente del Tribunal Constitucional.

En nuestro sistema, la presunción de inocencia tiene una doble dimensión: por un parte como regla de tratamiento, y por otro lado como regla de juicio. El Tribunal Constitucional español, en su sentencia 128/1995, de 26 de julio, en referencia a la prisión provisional, afirma que la presunción de inocencia “opera en el seno del proceso como una regla de juicio; pero constituye a la vez una regla de tratamiento, en virtud de la cual el imputado tiene el derecho a recibir la consideración y el trato de no anular o no participe en hechos de carácter delictivo”.

Como regla de tratamiento, determina que el imputado ha de ser tratado como si fuese inocente, hasta que una condena definitiva no demuestre lo contrario. De esta manera, está presente en todo el proceso penal, y a lo largo de sus distintas instancias.

Como regla de juicio, la presunción de inocencia despliega sus efectos en el momento de la valoración de la prueba. Se encuentra ligada a la propia estructura del proceso, y en particular a la técnica de la declaración del hecho probado. Mientras que en el proceso civil el juez ha de considerar los hechos alegados por las partes contrapuestas como datos a probar por quien los afirma; en cambio, en el proceso penal el juez tiene como punto de partida la inocencia del imputado, de modo que, en caso de que la parte acusadora no acredite cumplidamente su acusación contra aquél, la inocencia interinamente afirmada se convertirá en verdad definitiva.

Hay que analizar su relación con el principio de libre valoración de la prueba con tenido en el artículo 741.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Según este precepto, “el Tribunal, apreciando, según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta ley”. El juez o tribunal puede apreciar la prueba según el principio de libre valoración, pero solamente podrá entrar a valorar aquella prueba que reúna los requisitos necesarios para enervar la presunción de inocencia.

Según Gimeno Sendra, se pueden establecer las siguientes notas esenciales para que la actividad probatoria sea suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria:

1) La carga material de la prueba corresponde exclusivamente a las partes acusadoras, y no a la defensa. Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional (sentencia 303/1993) sobre la presunción de inocencia la de que dicha presunción ocasiona un desplazamiento de la carga de la prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente (y nunca a la defensa) probar los hechos constitutivos de la pretensión penal (Sentencias 3111981, 107/1983, 124/1983 y 17/1984). Por otra parte, dicha actividad probatoria ha de ser suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia, no sólo de un hecho punible, sino también de la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado (Sentencias del Tribunal Constitucional 141/1986, 150/1989, 134/1991,76/1993 y 303/1993).

2) La prueba ha de practicarse en el juicio oral bajo la inmediación del juez o tribunal sentenciador. La actividad probatoria ha de sustentarse en auténticos actos de prueba practicados en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de igualdad, contradicción, inmediación y publicidad (Sentencias del Tribunal Constitucional 3111981, 217/1989, 41/1991, 118/1991 y 303/1993). Ahora bien, y como afirma la sentencia del Tribunal Constitucional 303/1993, de esta última doctrina general hay que exceptuar los supuestos de prueba sumarial preconstituída y anticipada que también se manifiestan aptos para fundamentar una sentencia de condena siempre y cuando se observe el cumplimiento de determinados requisitos materiales (su imposibilidad de reproducción en el momento del juicio oral: artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), subjetivos (la necesaria intervención del Juez de Instrucción), objetivos (1; posibilidad de contradicción, para la cual se le debe proveer de Abogado al imputado) y formales (la introducción en el juicio oral a través de la lectura de documentos requerida por el artículo 730).

3) No constituyen actos de prueba los atestados ni los otros actos de investigación realizados por la policía. Téngase en cuenta que, de conformidad con el artículo 297.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales”. De esta manera, los atestados no se erigen en medio, sino en objeto de prueba. Por esta razón, los hechos en ellos afirmados han de ser introducidos en el juicio oral a través de auténticos medios probatorios, como lo es la declaración testifical del funcionario de policía que intervino en el atestado, medio probatorio este último a través del cual se ha de introducir necesariamente la declaración policial del detenido, pues nadie puede ser condenado con su solo interrogatorio policial plasmado en el atestado (sentencias del Tribunal Constitucional 47/1986, 80/1986, 161/1990 y 80/1991). A la

Policía judicial, más que realizar actos de prueba, lo que en realidad le encomienda el artículo 126 de la Constitución es la “averiguación del delito y descubrimiento del delincuente”, esto es, la realización de los actos de investigación pertinentes para acreditar el hecho punible y su autoría (sentencia del Tribunal Constitucional 303/1993)

4) El juez o tribunal no puede fundamentar su sentencia en una prueba prohibida. La actividad probatoria ha de sustentarse en auténticos actos de prueba obtenidos con estricto respeto a los derechos fundamentales (Sentencias de Tribunal Constitucional 114/1984, 50/1986, 150/1987 y 303/1993), y no en pruebas obtenidas con violación de dichos derechos (derecho a la intimidad, inviolabilidad del domicilio, etcétera). A estos efectos, el último inciso del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que: “no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”.

5) El juez o tribunal tiene obligación de razonar la prueba, es decir, debe explicitar las razones por las cuales ha otorgado valor probatorio a determinada prueba. Aunque esta obligación no se encuentra expresamente prevista en la normativa legal, la doctrina y la jurisprudencia lo deriva como consecuencia del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución) y del derecho a la presunción de inocencia (artículo 24.2 de la Constitución). El órgano sentenciador habrá de expresar, pues, en su resolución el material probatorio tenido en cuenta para formar su convicción, así como las razones justificativas del valor que les haya dado, y en su caso el razonamiento realizado en la aplicación de la denominada prueba de indicios. Como afirma la sentencia del Tribunal Constitucional 34/1996, “la valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del juzgador, que éste ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración”.